Una organización internacional acreditada ante las Naciones Unidas ha presentado una denuncia formal contra el fiscal Fernando Arrigo ante el Procurador General de Argentina. En este escrito, la entidad solicita la apertura de un procedimiento disciplinario en su contra y su apartamiento de la causa que involucra al ciudadano ruso Konstantin Rudnev, acusado de presunta trata de personas en Bariloche.
La denuncia fue realizada por la Coordination des Associations et des Particuliers pour la Liberté de Conscience (CAP-LC), que posee estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC). Esta organización ya había planteado preocupaciones sobre la actuación de Arrigo en el contexto de la investigación, llevándolas ahora al ámbito disciplinario argentino.
Cuestionamientos a la Actuación del Fiscal
La denuncia se estructura en cinco ejes. El primero de ellos critica la utilización de información proveniente de la Federación Rusa en la investigación. CAP-LC argumenta que los antecedentes elaborados por organismos rusos sobre disidentes políticos y religiosos deben ser sometidos a un análisis riguroso antes de ser considerados como evidencia confiable.
La organización sostiene que varios organismos internacionales y observadores de derechos humanos han advertido sobre los riesgos de utilizar información sin controles suficientes en casos relacionados con disidentes, cuestionando así el respaldo del fiscal a estas fuentes.
El Caso de Elena Makarova
El segundo punto de la denuncia se refiere a Elena Makarova, quien es considerada víctima en la investigación. CAP-LC critica que la Fiscalía mantenga esta caracterización, a pesar de que Makarova ha negado públicamente ser víctima de Rudnev. La organización recalca que ignorar las declaraciones de la mujer plantea dudas sobre el respeto a su autonomía personal.
Uso de Medidas de Detención
El tercer cuestionamiento aborda el uso de la prisión preventiva, señalando que su aplicación debe ser excepcional y proporcional. CAP-LC alega que Arrigo ha utilizado la detención como un medio de presión, y solicita que se evalúe la necesidad de mantener esta medida, dado el estado de salud del imputado y su condición de extranjero.
Salud del Imputado y Alternativas a la Detención
El cuarto eje se centra en la oposición del fiscal al arresto domiciliario, sugiriendo que los riesgos procesales podrían ser mitigados mediante medidas menos restrictivas. Por último, la denuncia resalta el estado de salud de Rudnev, indicando que especialistas han advertido sobre los riesgos de su retorno a una unidad penitenciaria, un aspecto que la organización considera fundamental en el contexto de derechos humanos.
La CAP-LC concluye que estos cuestionamientos revelan un patrón en la actuación del fiscal que plantea dudas sobre la imparcialidad y el respeto por los derechos humanos. La organización ha solicitado al Procurador General que tome medidas concretas, incluyendo la apertura de un procedimiento disciplinario contra Fernando Arrigo.
Fuente: NA
