Un hombre ha sido sentenciado a 10 años y 4 meses de prisión efectiva por abusar sexualmente de una niña durante un periodo de aproximadamente un año. Los abusos ocurrieron entre 2016 y 2017, cuando la víctima era menor de edad, y el condenado aprovechó la relación de autoridad y confianza que mantenía con la niña para llevar a cabo los ataques.
La decisión fue tomada por un Tribunal de Juicio, que consideró probada la continuidad de los abusos y la diferencia de edad entre el acusado y la víctima. Los magistrados también destacaron el profundo daño que los hechos causaron en la niña. Aunque la pena impuesta fue inferior a la solicitada por la fiscalía, los jueces argumentaron que había circunstancias agravantes que justificaban una sanción más severa.
El condenado, identificado por sus iniciales J.B.M., fue hallado culpable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante por la forma en que se realizaron los hechos, los cuales se consideraron continuados y agravados por la relación con la víctima. Durante el juicio, la fiscal del caso, Laura Pizzipaulo, había solicitado una pena de 14 años y 6 meses, argumentando que la gravedad de los hechos superaba el mínimo de la escala penal.
La fiscal destacó las circunstancias agravantes de la situación, como la reiteración de los abusos, la marcada asimetría entre el hombre y la niña y las consecuencias psicológicas y físicas que los ataques dejaron en la menor. Según se expuso en el juicio, los abusos se llevaron a cabo en un contexto de violencia y sometimiento, en el que el condenado utilizó amenazas para mantener el control sobre la víctima.
La querella institucional, representada por Natalia Díaz, defensora de los Derechos del Niño, también apoyó la solicitud de una pena cercana a los 15 años. Por el contrario, la defensa del acusado solicitó que se aplicara el mínimo de 8 años, cuestionando las circunstancias que la acusación consideró agravantes.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal coincidió en gran medida con la postura de la fiscalía, reconociendo la continuidad de los abusos, la desigualdad existente entre el condenado y la víctima, y el trauma significativo que los hechos ocasionaron. Como único elemento atenuante, el tribunal consideró que el condenado no tenía antecedentes penales. Sin embargo, desestimó otros argumentos de la defensa, aclarando que el hecho de que el acusado no hubiera vuelto a contactar a la víctima no podía considerarse favorable.
Finalmente, se determinó que, una vez que la sentencia sea firme, el condenado será registrado en el Registro de Identificación de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual (Ripecodis). El tribunal que llevó a cabo el juicio estuvo compuesto por la jueza Leticia Lorenzo y los jueces Ignacio Pombo y Diego Chavarría Ruiz.
Fuente: La Nación
