Un grupo de internos de la Unidad Penal número 31 del Servicio Penitenciario Bonaerense ha presentado una denuncia ante la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Quilmes, señalando la implicación de ex miembros de fuerzas de seguridad y autoridades del penal en una serie de delitos graves. Las acusaciones incluyen venta de drogas dentro del penal, extorsión organizada, y torturas. La denuncia fue formulada como un hábeas corpus colectivo, solicitando la intervención de fuerzas federales debido a la presunta corrupción institucional.
En el centro de la denuncia se encuentra el Pabellón 1 de la Unidad 31, donde se encuentran recluidos ex miembros de fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas. Este grupo, identificado como «La Comitiva», estaría operando un plan sistemático de narcotráfico y extorsión con la complicidad de altos funcionarios del penal. La denuncia describe a la organización como un co-gobierno carcelario mafioso, que actúa con total impunidad dentro del pabellón.
Los denunciantes han solicitado también el secreto de sumario y el allanamiento de los dispositivos electrónicos utilizados en las actividades delictivas. Entre los implicados se encuentran 16 internos y cinco funcionarios del Servicio Penitenciario Bonaerense. Se menciona que el control de la seguridad ha sido delegado ilegalmente a los internos, quienes ejercen un control absoluto sobre la circulación dentro del pabellón.
La denuncia revela que los internos líderes han implementado un sistema de extorsión donde se cobran cuotas por servicios como el acceso a internet, así como un monopolio sobre la venta de alimentos y bebidas. Se han documentado casos de hostigamiento a aquellos que se niegan a pagar o colaborar con la banda. Los denunciantes también han indicado que el ingreso de sustancias prohibidas al penal se realiza con la complicidad del personal penitenciario.
Además, se alega que uno de los internos tiene acceso a oficinas del penal, donde produce documentos falsos para facilitar traslados de otros reclusos, especialmente aquellos que se niegan a pagar las cuotas exigidas por la banda. Esta situación crea un ambiente de amenaza constante para aquellos que se atreven a denunciar o resistir las imposiciones del grupo.
La denuncia ha puesto en evidencia no solo la gravedad de las acusaciones, sino también la estructuración de un sistema que permite la corrupción y el abuso dentro de la institución penitenciaria, lo que ha generado un llamado urgente a la intervención de las autoridades competentes para investigar y sancionar a los responsables de estos delitos.
Fuente: NA
