Un grupo de familias se congregó frente a la Casa de Gobierno de La Pampa para denunciar la paralización de expedientes de revinculación y cuestionar la gestión de la Dirección General de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del gobierno provincial.
La manifestación comenzó a las 8 del martes 18 en los jardines del Centro Cívico de Santa Rosa y continuó con una caminata hacia el Centro Judicial. Los participantes exigieron acciones excepcionales que han separado a menores de sus hogares de origen, planteando la necesidad de una revisión inmediata de los casos.
Los manifestantes señalaron que la dirección provincial enfrenta obstáculos administrativos y falta de coordinación con las defensorías, lo que, según su versión, ha interrumpido el contacto con familiares cercanos como abuelos y tíos. Los testimonios presentados durante la protesta no implican una verificación de irregularidades en todos los casos mencionados.
Uno de los casos destacados fue el de un menor con discapacidad que ha estado separado de su madre por más de un año. Se omiten nombres y detalles específicos para proteger la identidad del niño, dado que se trata de situaciones que involucran a menores de edad.
La Dirección General, liderada por Rodrigo Lofvall, se encuentra bajo la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, dirigida por Juan Pablo Bonino. Ambas entidades forman parte del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos, que está a cargo de Diego Álvarez y opera bajo la administración del Poder Ejecutivo provincial.
La Ley provincial 2703 establece que la autoridad administrativa debe diseñar y coordinar las políticas de protección, promoviendo alternativas que eviten la separación de los menores de su familia, siempre que estas opciones respeten sus derechos.
Es importante señalar que las medidas excepcionales no se toman de forma arbitraria, sino que son decisiones fundamentadas en situaciones particulares y bajo supervisión judicial. Esta dinámica complica la afirmación de que todos los apartamientos sean injustificados, aunque no exime de la responsabilidad de gestionar adecuadamente los expedientes y coordinar con otros organismos.
Esta movilización no fue un hecho aislado, ya que en junio se realizaron protestas similares por la falta de información y obstáculos en los procesos de revinculación. La manifestación del 18 de agosto volvió a poner de relieve estas preocupaciones ante la Casa de Gobierno y el Poder Judicial.
La movilización concluyó en el Centro Judicial de Santa Rosa. Hasta el momento, no se ha emitido una resolución que declare irregularidades en la gestión del organismo provincial; las denuncias permanecen vinculadas a expedientes individuales, bajo la normativa de confidencialidad que protege a los menores involucrados.
Fuente: NA
