La avícola Granja Tres Arroyos ha llevado a cabo el despido de 255 trabajadores en su planta de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Esta drástica decisión, comunicada a través de un telegrama enviado a los empleados, se atribuye a la caída de la actividad provocada por las restricciones a las exportaciones debido a brotes de gripe aviar y la sobreoferta en el mercado interno.
La compañía, que contaba con una dotación de 700 empleados, había cesado su producción desde mayo. En el comunicado, la firma argumenta que la situación se encuadra en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que se refiere a situaciones de falta de trabajo no imputables al empleador. Aseguran que enfrentan circunstancias extraordinarias que afectan significativamente su actividad, mencionando la reducción de exportaciones y un aumento en los costos operativos.
Las organizaciones sindicales, como la Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA) y el Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación de Concepción del Uruguay (STIA), han expresado su rechazo a los despidos. En un comunicado, cuestionaron la decisión de la empresa, afirmando que los despidos son masivos y no contribuyen a resolver la crisis de la compañía. Además, señalaron que entre los despedidos hay delegados de personal, lo que consideran un intento de debilitar a los representantes de los trabajadores.
Los gremios han señalado que los trabajadores de Granja Tres Arroyos ya enfrentaban un atraso significativo en el pago de salarios, lo que genera incertidumbre en las familias afectadas. Reclamaron un “accionar responsable” tanto de la empresa como de las autoridades, enfatizando que los trabajadores no deben cargar con el peso de la crisis y pidiendo alternativas que sostengan el proceso productivo.
Granja Tres Arroyos, por su parte, comunicó que ha intentado preservar la continuidad de la explotación y los puestos de trabajo, pero que las medidas implementadas no fueron suficientes para revertir la situación. La empresa ha ofrecido a los trabajadores la indemnización correspondiente a la extinción de los vínculos laborales.
Fuente: La Nación
