El reciente femicidio de Rocío Belén Gómez ha generado una fuerte conmoción en la sociedad. La joven fue asesinada a puñaladas por su expareja, Maximiliano Baudraco, quien contaba con una condena de dos años de «ejecución condicional» por amenazas en un contexto de violencia familiar.
Este trágico suceso ha puesto de manifiesto las deficiencias en la aplicación de las medidas judiciales. Según informes del Patronato del Liberado, Baudraco no cumplía con las condiciones de su condena, hecho que fue comunicado al juez de ejecución, Facundo Moyano Centeno. Las condiciones eran claras: debía abstenerse del consumo de estupefacientes y alcohol, realizar trabajo comunitario, finalizar sus estudios, completar una terapia por violencia y adicciones, y respetar una medida de restricción recíproca con su víctima, la cual evidentemente no fue respetada.
La falta de control judicial sobre sus movimientos y restricciones ha suscitado cuestionamientos sobre la eficacia del sistema. En el pasado, el juez Moyano Centeno también estuvo en el centro de la controversia por su manejo de la prisión domiciliaria de Horacio Grasso, un expolicía condenado por el asesinato de un niño. A pesar de haber infringido las condiciones de su prisión en más de 250 ocasiones, Grasso no tuvo su beneficio revocado, lo que resultó en un nuevo homicidio, esta vez de otra mujer, Milagros Basto.
El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba ha abierto un sumario contra el magistrado, quien ha sido acusado de no actuar ante las múltiples infracciones cometidas por Grasso. Este no es un caso aislado, ya que también se ha reportado el caso de Esteban Delgado, quien fue acusado de abuso sexual agravado contra sus hijas y cuya prisión preventiva fue acortada por la Cámara de Apelaciones de Rosario, resultando en la liberación del imputado. A pesar de que el fiscal a cargo debía solicitar una prórroga antes del vencimiento de la prisión preventiva, no lo hizo, lo que llevó a la excarcelación de Delgado y dejó a su hija de 15 años desprotegida.
La justicia no solo debe ser imparcial y oportuna, sino también ejecutada de manera efectiva. La responsabilidad de los actores del sistema judicial es fundamental para mantener la confianza ciudadana. La falta de acción adecuada y la dilación en los procesos judiciales erosionan la credibilidad de las instituciones y dejan a la sociedad vulnerable ante la criminalidad.
Fuente: La Nación
